Iniciar un proceso de divorcio genera, con frecuencia, más dudas que certezas. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Es necesario ir a juicio? ¿Qué ocurrirá con los hijos, la vivienda y las deudas? Las respuestas dependen, en gran medida, de si existe acuerdo entre las partes y de la calidad del asesoramiento jurídico desde el principio.
Según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE (2024), ese año se produjeron 82.991 divorcios en España, un 8,2% más que en 2023. Casi el 80% fueron de mutuo acuerdo, y la custodia compartida alcanzó por primera vez el 49,7% de los casos con hijos — superando a la custodia materna como modalidad más frecuente.
En ALGOSAN ABOGADOS, despacho especializado en derecho civil con sede en La Orotava (Tenerife), gestionamos procesos de divorcio con dedicación personal y orientación a resultados reales.
Requisitos para divorciarse en España
La legislación española ha simplificado al máximo los requisitos. El único plazo obligatorio es que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio. No es necesario alegar ninguna causa concreta, ni acreditar separación previa, ni obtener el consentimiento del otro cónyuge.
Solo se exceptúa el plazo mínimo cuando exista un riesgo acreditado para la vida o la integridad de uno de los cónyuges o de los hijos, caso en el que puede solicitarse el divorcio de forma inmediata.
Tipos de divorcio: cuál corresponde a tu situación
La elección de la vía adecuada tiene un impacto directo en el coste, los plazos y el nivel de conflicto del proceso. Existen tres modalidades principales:
| Tipo | Cuándo es viable | Plazo |
|---|---|---|
| Mutuo acuerdo | Ambos cónyuges acuerdan todas las medidas. Convenio regulador homologado por el juez. | 1 – 3 meses |
| Notarial (express) | Solo para matrimonios sin hijos menores dependientes. Escritura pública ante notario, sin juzgado. | 2 – 6 semanas |
| Contencioso | Desacuerdo en uno o más puntos esenciales. El juez resuelve tras demanda, contestación y vista oral. | 6 – 18 meses |
El divorcio de mutuo acuerdo es la vía más eficiente cuando existe un acuerdo real sobre todas las medidas. La clave está en la palabra «real»: un convenio mal redactado que no protege adecuadamente los intereses de alguna de las partes puede generar conflictos posteriores más costosos que un proceso contencioso bien planteado desde el inicio.
El convenio regulador: qué debe incluir
El convenio regulador es el documento central de cualquier divorcio de mutuo acuerdo. Contiene todos los acuerdos que regirán la situación de los cónyuges y de sus hijos a partir de la ruptura. Una vez homologado por el juez, tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia.
| Materia a regular | Contenido habitual |
|---|---|
| Hijos menores | Patria potestad, guarda y custodia (compartida o exclusiva), régimen de visitas y comunicaciones. |
| Vivienda familiar | Atribución del uso: al cónyuge custodio (con hijos menores) o por tiempo determinado al más necesitado. |
| Pensiones | Pensión de alimentos para los hijos y, si procede, pensión compensatoria por desequilibrio económico. |
| Régimen económico | Liquidación de la sociedad de gananciales o del régimen de separación de bienes pactado. |
| Gastos extraordinarios | Criterios de reparto para gastos médicos, educativos o de ocio no incluidos en la pensión de alimentos. |
Cuando no hay acuerdo: el divorcio contencioso
Cuando los cónyuges no logran ponerse de acuerdo en uno o varios puntos esenciales —habitualmente la custodia, el uso de la vivienda o el reparto de bienes—, el proceso se convierte en contencioso. Cada parte debe contar con su propio abogado y procurador.
Medidas provisionales: protección desde el primer día
Desde la presentación de la demanda hasta la sentencia puede transcurrir entre seis meses y año y medio. Durante ese período, el juez puede acordar medidas provisionales que regulen de forma inmediata la custodia, el uso de la vivienda, el pago de alimentos y la situación económica.
Solicitarlas desde el inicio es fundamental para proteger a los hijos y a la parte más vulnerable económicamente. No hacerlo puede dejar a uno de los cónyuges en una situación de desprotección durante todo el proceso.
La vivienda familiar en el divorcio contencioso
La atribución del uso de la vivienda familiar es uno de los puntos de mayor tensión. Cuando existen hijos menores, el Tribunal Supremo —entre otras resoluciones, en la STS 1039/2024, de 22 de julio— ha establecido que el uso corresponde al progenitor custodio y a los hijos, con independencia de quién sea el propietario del inmueble.
En custodia compartida, los cónyuges deben negociar el destino de la vivienda o, en su defecto, el juez decidirá valorando las circunstancias concretas del caso.
Recurso de apelación y ejecución de sentencia
La sentencia de divorcio puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, lo que puede alargar el proceso varios meses adicionales. Si la otra parte incumple lo acordado en sentencia —no paga la pensión, no entrega la vivienda, incumple el régimen de visitas—, puede instarse la ejecución forzosa sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento.
¿Puede cambiarse lo acordado tras la sentencia?
Las medidas fijadas en la sentencia de divorcio no son permanentes. El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite solicitar su modificación cuando se produce un cambio sustancial, permanente e imprevisible en las circunstancias.
Las causas más habituales son:
- Pérdida involuntaria de empleo del obligado al pago de la pensión de alimentos.
- Mejora significativa de la situación económica del obligado al pago.
- Cambio de residencia de uno de los progenitores que afecte a la custodia compartida.
- Nacimiento de nuevos hijos que modifique la capacidad económica del progenitor.
- Independencia económica del hijo mayor de edad — puede extinguir la pensión de alimentos.
Abogado de divorcios en Tenerife con trato directo
El proceso de divorcio no es solo un procedimiento jurídico: tiene consecuencias económicas, familiares y personales que se prolongan en el tiempo. Por eso, contar con un abogado que conozca tu caso en profundidad —y que te informe con claridad en cada fase— es determinante para tomar decisiones bien fundamentadas.
Alejandro González Santana, titular de ALGOSAN ABOGADOS, atiende directamente a cada cliente desde la primera consulta hasta la resolución definitiva. Si la vía más adecuada es el acuerdo, trabajamos para que el convenio regulador sea sólido y ejecutable. Si el proceso se vuelve contencioso, defendemos los intereses del cliente con el rigor que cada caso requiere.
Nuestro despacho está en La Orotava y presta servicio en toda la isla de Tenerife. Puedes solicitar una consulta sin compromiso.
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